España, país católico
España es un país social e históricamente católico. Esto resulta innegable. Pero la Constitución establece que hoy en día carece de religión oficial. No es un Estado laico, pero sí aconfesional. Por eso sorprende que tanto el PSOE como el PP hayan hecho un paréntesis en su batalla dialéctica habitual y hayan unido sus votos con el único fin de derrotar una iniciativa de Izquierda Unida en la que solicitaba que el juramento o promesa de los cargos públicos deje de llevarse a cabo ante la Biblia y un crucifijo.
Por encima de que a unos les parezca bien y a otros mal, resulta difícil no darle la razón a Izquierda Unida con la Constitución democrática en la mano. Porque puede llegar el día -y quizás no esté muy lejano- en que haya un ministro español de pura cepa musulmán o de cualquier otra confesión minoritaria. ¿Tendrá que prometer o jurar ante la Biblia y el crucifijo? ¿Pondrá un Corán? ¿O la representación de cualquier otra deidad? Porque la bandera y la Constitución son las que son, pero la religión pertenece al ámbito privado de cada uno.
PSOE y PP han dado un paso atrás. No en la laicidad o confesionalidad del Estado, sino en el respeto al parecer de todos los que habitan España. No se puede imponer a unos los símbolos de otros, excepto que estemos de acuerdo en que los otros también tienen derecho a imponernos los suyos. Y así empezaron docenas si no cientos de (estúpidas) guerras de religión.
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Treinta años después de aprobada la actual Constitución, el PSOE habla de “aplicar progresivamente” el principio de laicidad, o el de aconfesionalidad, sancionado en la carta magna.
Es decir, ¡han transcurrido treinta años y resulta que respetar la Constitución todavía necesita “progresividad”?
Dicho de otro modo, la Constitución fue aprobada –cabe concluir– para que se haga cumplir y se cumpla en el 2030, ¿o acaso en el 2050?
Del “PP-línea bronca” cabe esperar casi todo, pero el “PSOE-línea buenismo estéril” parece dispuesto a emular simplezas.