La discriminación de sexos es legal en España
El Tribunal Constitucional ha dictaminado ayer, de manera inapelable, que la discriminación de sexos es legal en España. La teoría de las dos Españas, que provoca la decisión de Fernando VII de anular la Constitución de Cádiz cuando el monarca vuelve del exilio a principios del siglo XIX, se ratifica a comienzos del XXI. No es una buena noticia para los demócratas. Es decir, para quienes creen en el concepto de ciudadanía emanado de la Revolución Francesa. Tras décadas y décadas de aplicar la igualdad jurídica (igualdad de derechos y deberes a los ciudadanos con independencia de sexo, raza, religión y creencias políticas, con identidad de penas a los transgresores), el Tribunal Constitucional ratificó la desigualdad de penas según el sexo.
Cierto es que dicha Corte sólo ratifica o enmienda el ajuste constitucional de una ley y que, por tanto, una parte de la responsabilidad es del legislador que la ha hecho así y no de otra manera. Pero ello no quita que haya sido un torpedo a la línea de flotación a los valores democráticos en un país muy necesitado de afianzarlos. La discriminación que recibe luz verde es la que se refiere a los maltratadores: si es hombre, la pena será increíblemente mayor que si es mujer, sin entrar en ninguna otra consideración. Por poner un ejemplo, si un hombre amenaza o coacciona (sin contacto físico) a su pareja o ex pareja afectiva, cometerá un delito que se castigará con de seis meses a un año de cárcel o trabajos sociales sustitutivos. Si eso mismo lo hace una mujer, será una falta, y la pena es, comparativamente, ridícula.
Dejando aparte que en los juzgados sufren ya avalancha de denuncias de falsos malos tratos (España es uno de los países de su entorno donde se registran menos malos tratos a las mujeres, por debajo de Dinamarca y, por supuesto, de Finlandia), se espera que el número se incremente sustancialmente a partir de ahora. Además, el hecho de que los cinco magistrados (de ideología conservadora) hayan anunciado votos particulares discrepantes sean todos jueces de carrera pone sobre la mesa el que la decisión del Tribunal Constitucional tenga un trasfondo político mayor que en otros casos.
Mientras la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mostró muy satisfecha porque entiende que así se protege a las mujeres, comienza a extenderse el temor de que en el futuro pueda haber leyes discriminatorias en función de otros conceptos. Como decía un conocido abogado que pidió anonimato, “¿quién nos asegura que mañana el delito recibe distinta consideración si lo comete un inmigrante o un español? ¿O un blanco o un negro?”.
La democracia española ha dado un paso atrás.
Cristóbal Ramírez