Discriminación sexista en Dinamarca

El encuentro con Grethe A. Christensen, una notable hispanista (aunque ella no tiene conciencia de serlo), como no me cansaré de repetir, siempre es una oportunidad de lujo para aprender. Se puede estar hablando con ella horas y horas, dias y dias, y jamás decae la conversacion. En primer lugar, porque es una persona culta. En segundo lugar, porque conoce Dinamarca y la sociedad espanola como la palma de la mano.

Llegué a su casa en Odense en plena huelga de las guarderías. Un lío, vaya. ¿Que reclaman, para llegar a una medida de tanta fuerza y que tanto molesta a una sociedad poco acostumbrada a conflictos frontales? Lo de todo el mundo, claro: más dinero. Pero a medida que la conversacion avanza, ese primario impulso crematístico queda olvidado. Y es que la sociedad danesa sufre problemas de fondo mas importantes que llegar a final de mes. Por ejemplo, la discriminacion salarial en función del sexo: los enfermeros cobran mas que las enfermeras. ”Parece increíble en este pais tan igualitario, ¿verdad?”, reflexiona Grethe.

Asombroso, desde luego, pero la pregunta es por qué. La hispanista apunta a que se trata de un trabajo duro en el que aparece el maltrato del paciente al profesional y en el que, tardicionalmente, ha habido más mujeres que hombres. Asi que, entre otras cosas, para retener a los pocos varones se les pone el anzuelo de cobrar más. Así de simple, así de sorprendente y, en lo que a mí se refiere, así de rechazable.

Divorcio: la discriminación de ser hombre

El periódico El País, socialdemócrata, publica hoy un reportaje de Pere Ríos titulado “Discriminado por ser hombre”, en el cual afirma que la custodia compartida se abre paso como la mejor opción para los hijos de separados pero en el 97% de los casos se concede a la madre. Informa también de que más de 110.000 menores “ingresan cada año en el ya saturado club de hijos de divorciados”. En Suecia son el 90% de los casos los que terminan en custodia compartida (siempre según esa fuente).

Lo que el reportaje deja caer como de pasada, y que constituye el trasfondo de la cuestión, es el aspecto económico. Las asociaciones de mujeres, feministas o no (con la excepción del grupo de Empar Pineda), no quieren ni oír hablar de compartir hijos ni decisiones sobre ellos, puesto que, si bien en teoría la patria potestad no se le quita al padre, cualquier decisión cotidiana sobre la salud o sobre la educación la toma la madre en exclusiva (o con su nueva pareja) y el ex cónyuge se limita a pagar por las buenas o por las malas mientras, por ejemplo, ve como esa nueva pareja lleva a los hijos al médico o está a su lado tras una operación. En suma, la custodia compartida supondría una merma de ingresos para el 97% de las mujeres divorciadas y el 3% de los hombres divorciados. Porque, mal que pese, el divorcio es, también, un negocio para esas personas. Y ese sí que es el auténtico fondo de la cuestión.

 

La discriminación de sexos es legal en España

El Tribunal Constitucional ha dictaminado ayer, de manera inapelable, que la discriminación de sexos es legal en España. La teoría de las dos Españas, que provoca la decisión de Fernando VII de anular la Constitución de Cádiz cuando el monarca vuelve del exilio a principios del siglo XIX, se ratifica a comienzos del XXI. No es una buena noticia para los demócratas. Es decir, para quienes creen en el concepto de ciudadanía emanado de la Revolución Francesa. Tras décadas y décadas de aplicar la igualdad jurídica (igualdad de derechos y deberes a los ciudadanos con independencia de sexo, raza, religión y creencias políticas, con identidad de penas a los transgresores), el Tribunal Constitucional ratificó la desigualdad de penas según el sexo.

Cierto es que dicha Corte sólo ratifica o enmienda el ajuste constitucional de una ley y que, por tanto, una parte de la responsabilidad es del legislador que la ha hecho así y no de otra manera. Pero ello no quita que haya sido un torpedo a la línea de flotación a los valores democráticos en un país muy necesitado de afianzarlos. La discriminación que recibe luz verde es la que se refiere a los maltratadores: si es hombre, la pena será increíblemente mayor que si es mujer, sin entrar en ninguna otra consideración. Por poner un ejemplo, si un hombre amenaza o coacciona (sin contacto físico) a su pareja o ex pareja afectiva, cometerá un delito que se castigará con de seis meses a un año de cárcel o trabajos sociales sustitutivos. Si eso mismo lo hace una mujer, será una falta, y la pena es, comparativamente, ridícula.

Dejando aparte que en los juzgados sufren ya avalancha de denuncias de falsos malos tratos (España es uno de los países de su entorno donde se registran menos malos tratos a las mujeres, por debajo de Dinamarca y, por supuesto, de Finlandia), se espera que el número se incremente sustancialmente a partir de ahora. Además, el hecho de que los cinco magistrados (de ideología conservadora) hayan anunciado votos particulares discrepantes sean todos jueces de carrera pone sobre la mesa el que la decisión del Tribunal Constitucional tenga un trasfondo político mayor que en otros casos.

Mientras la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mostró muy satisfecha porque entiende que así se protege a las mujeres, comienza a extenderse el temor de que en el futuro pueda haber leyes discriminatorias en función de otros conceptos. Como decía un conocido abogado que pidió anonimato, “¿quién nos asegura que mañana el delito recibe distinta consideración si lo comete un inmigrante o un español? ¿O un blanco o un negro?”.

La democracia española ha dado un paso atrás.

Imposible divorciarse en España

El casado casa quiere, reza un refrán formulado cuando el matrimonio era para toda la vida. Pero, ¿y el separado? Tras la disolución del vínculo y el pago de la pensión alimenticia, a veces acompañada de otra compensatoria, muchos ex cónyuges se ven abocados a una economía de crisis, a la mera subsistencia. La vivienda se convierte en problema, y en algunos casos contenedores, caravanas en cámpings o pensiones son la primera opción; luego, la solución del piso compartido o la vuelta al hogar de los padres. Sólo que el regreso se hace, entonces, con medio hogar a cuestas: con la compañía temporal y regular de unos hijos que se hacen presentes en fines de semana o vacaciones.

Un separado o divorciado destina alrededor de un 35% de sus ingresos líquidos al pago de la pensión de alimentos (en torno al 20%) y de la compensatoria (un 15% de promedio), si la hubiera, pero el porcentaje puede ser aún mayor, rondando en algunos casos el 50%. La pensión compensatoria se decide si el otro cónyuge resulta perjudicado en su nivel de vida por el cese de la convivencia.

Pero otro desembolso, mucho más difícil de cuantificar, es el de la segunda vivienda, lo que en teoría debería ser el otro hogar resultante de la separación, ya que en el 95% de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre esa primera vivienda pesa una hipoteca, los juzgados de familia suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades; así, al debe de la ruptura el cónyuge que se va de casa ha de sumar el pago de la mitad de aquella.

(Todas las líneas anteriores pertenecen a un reportaje titulado “Imposible separarse tras el boom inmobiliario”, publicado por M. Antonia Sánchez-Vallejo en el periódico de más difusión de España, “El País”. Sólo cabe añadir que en el 97% de los casos quien sufre esa situación de ruina es el hombre. Con independencia de las causas del divorcio).

 

El español, zapateado/a

El español debe de ser el idioma más maltratado del mundo. Bien sea por la contaminación de otros idiomas, por el moderado mal nombre que pasea entre los abundantes nacionalistas de la Península Ibérica, porque nadie se ha ocupado de distinguir el español de España del de América latina, o por lo que sea, el caso es que lleva zurriagazos constantes. La última moda, muy acusada en este arranque de siglo, consiste en “visibilizar el femenino”. O sea, en olvidar la regla fundamental y universal de la economía del lenguaje y, así, colocar el femenino donde jamás estuvo. En esa línea, hace un par de meses una profesora, en un acto público de Carnaval y con varias docenas de alumnos delante, se quedó tan fresca tras decir: “Buenos días, niñas y niños, que habeis venido todas y todos disfrazadas y disfrazados a pasarlo bien juntas y juntos”. O sea, una imbecilidad (lingüística, al menos). Y es que andan sueltas y sueltos muchas y muchos imbécilas e imbéciles.

El académico y escritor Arturo Pérez Reverte, que fustiga a tales bárbaras y bárbaros del lenguaje un día sí y otro también, ha puesto en evidencia su incultura y que todos (y todas) esos (y esas) arribistas (¿y arribistos?) ignoran no sólo la Historia sino que el español tiene epicenos y ambiguos.

El sábado pasado la concejala de Turismo de la ciudad de Ourense clausuró un congreso sobre el Camino de Santiago. Y ante mis ojos acabó diciento (y perdonen mi mal latín) que había oído hablar en una intervención del “homo viator”, el hombre viajero, y que ella reclamaba, “como mujer”, que a partir de ahora se hable de “homo et mullere viatores”.

Sin ánimo de ofender, creo que esta señora es una sinantropa y una australopiteca. Porque, entre otras cosas, niega el “homo antecesor”, descubierto en un lugar que quizás le suene: Atapuerca.

 

Malos tratos a mujeres

Cierta fiscal(a) de Madrid decía hace unos meses a sus tutorandas que aspiraban a entrar en la carrera profesional que 8 de cada 10 denuncias de malos tratos a mujeres ligadas a trámites de divorcio eran sencillamente falsas: las ponían ellas para partir con una notable e insuperable situación de ventaja a la hora del reparto de bienes y de la posesión (la guardia y custodia ni se discute, con raras excepciones) de los hijos en la práctica en exclusiva. El problema radica en que con la legislación, tal y como está en España, salvo casos muy evidentes o abogados que metan la pata resulta casi imposible demostrar esa falsedad: una mujer se hace un hematoma, denuncia al marido (o ex marido) y los vientos soplan a su favor. La prensa recoge hoy un caso que procede coger con cautela, sin posicionarse, ciñéndose a los hechos demostrados. Pero que los que estamos a pie de obra sabemos que lo más probable es que sea verdad, como otros tantos miles.

España es uno de los países con un índice más bajo en malos tratos a las mujeres (por detrás, por ejemplo, de Finlandia y Dinamarca). Aquí no resulta políticamente correcto ligar tales intolerables abusos a la emigración (que, en efecto, parece que ha hecho subir ese índice), y, desde luego, nadie quire ver, ni discutir, ni analizar otra de las causas al parecer importante: una ley de divorcio que consiste en que tú te quedas en la calle con cuatro cosas (tus calzoncillos y poco más) y yo me quedo con todo, incluyendo hijos y una buena parte de tu nómina. Y mientras eso no se quiera ni debatir amparándose en un feminismo de vía estrecha y cortedad mental continuarán los malos tratos. Que yo deploro y en absoluto defiendo, conste alto y claro.

25.000 niños españoles odian a su padre

Beatriz Pallas, una buena ex alumna mía y en la actualidad periodista de La Voz de Galicia, ha publicado hoy un reportaje bajo el título “Cada año, 25.000 niños son inducidos por un progenitor a odiar al otro”. Son chicos que padecen el llamado SAP, Síndrome de Alienación Parental. Se trata de un odio inducido por uno de los progenitores (casi en exclusiva, por la madre, que es en el 97% de los casos quien se queda con la custodia -y lógicamente con el patrimonio económico del matrimonio- y quien decide también casi en exclusiva cualquier aspecto de la vida de los menores). El reportaje saca a relucir el ejemplo de un padre de carne y hueso que cuando está con sus tres hijos sólo recibe el absoluto silencio por respuesta, un caso realmente trágico y cuya lectura pone la piel de gallina.

No desciende Beatriz (ni tiene por qué hacerlo) al fondo de la cuestión: la Ley de Divorcio permite eso sin problema alguno, con un solo caso excepcional que recoge el reportaje (una juez otorgó en el 2007 la guardia y custodia de una niña de 4 años a su padre para evitar que la madre continuara manipulándola en su contra). La de Divorcio y la llamada Contra la Violencia de Género son las dos únicas leyes sexistas que están en vigor en España. Es decir, que hacen discriminación según se haya nacido varón o hembra. Discriminación que, obvio resulta decirlo, presenta un difícil encuadre en el concepto de ciudadanía que va innato a un régimen democrático.

Sexismo en los hospitales

En España están en vigor dos leyes, sólo dos, sexistas. O sea, que diferencian según el poseedor de derechos sea hombre o mujer. Y en ambas sale perjudicado el hombre. Una es la Ley de Divorcio. También hay, cierto es, asociaciones como la gallega de Padres y Madres Separados que están dando el callo (un Hip, hip, hurra por ella) de manera ejemplar.

Viene esto a cuento por la información publicada hoy de que hospitales gallegos niegan a padres separados la historia clínica de sus hijos. Y teniendo en cuenta que en un abrumador porcentaje (parece ser que superior al 95%) los hijos (y el patrimonio, y los dineros) quedan con la madre, eso quiere decir en la práctica que los padres, los hombres, no tienen ni idea de qué les pasa a sus chicos cuando ponen un pie en un centro sanitario. Y en teoría un padre los quiere tanto como una madre.

No vale el argumento de decir que existe una general confusión entre la custodia y la patria potestad. María José Rubio, la conselleira de Sanidad de la Xunta de Galicia (o sea, la máxima responsable del sector), lo tiene facilísimo: que envíe una circular a todos los centros bajo su mando diciendo que los padres siguen siéndolo aunque sus hijos no vivan con ellos. Y que lo haga ya. Cualquier otra cosa la convierte en cómplice de este desaguisado. Uno más en esta España que no puede vivir sin sexismo, sea del color que sea, contra unas o contra otros. En fin, la democracia no se ha asentado del todo por estos lares.