Malos tratos a mujeres

Cierta fiscal(a) de Madrid decía hace unos meses a sus tutorandas que aspiraban a entrar en la carrera profesional que 8 de cada 10 denuncias de malos tratos a mujeres ligadas a trámites de divorcio eran sencillamente falsas: las ponían ellas para partir con una notable e insuperable situación de ventaja a la hora del reparto de bienes y de la posesión (la guardia y custodia ni se discute, con raras excepciones) de los hijos en la práctica en exclusiva. El problema radica en que con la legislación, tal y como está en España, salvo casos muy evidentes o abogados que metan la pata resulta casi imposible demostrar esa falsedad: una mujer se hace un hematoma, denuncia al marido (o ex marido) y los vientos soplan a su favor. La prensa recoge hoy un caso que procede coger con cautela, sin posicionarse, ciñéndose a los hechos demostrados. Pero que los que estamos a pie de obra sabemos que lo más probable es que sea verdad, como otros tantos miles.

España es uno de los países con un índice más bajo en malos tratos a las mujeres (por detrás, por ejemplo, de Finlandia y Dinamarca). Aquí no resulta políticamente correcto ligar tales intolerables abusos a la emigración (que, en efecto, parece que ha hecho subir ese índice), y, desde luego, nadie quire ver, ni discutir, ni analizar otra de las causas al parecer importante: una ley de divorcio que consiste en que tú te quedas en la calle con cuatro cosas (tus calzoncillos y poco más) y yo me quedo con todo, incluyendo hijos y una buena parte de tu nómina. Y mientras eso no se quiera ni debatir amparándose en un feminismo de vía estrecha y cortedad mental continuarán los malos tratos. Que yo deploro y en absoluto defiendo, conste alto y claro.