Muerte de un franquista

Todavía quedan franquistas en España. La enorme mayoría de esa tremenda minoría de ciudadanos añorantes de la sangre y la represión salen a pasear su nostalgia y marginación en fechas señaladas, como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del general Franco. Pero hay algunos que han logrado ascender y ascender. No se trata de adolescentes ignorantes y manipulados que igual estaban con el dictador que podían estar con el Partido Comunista , y que con el tiempo se hacen cruces al recordar ese pasado imberbe. Se trata de hombres hechos y derechos que ocuparon cargos como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Nacional, la organización de Franco, la herramienta de control policial y político durante 40 años.

Roberto García-Calvo era uno de ellos. Fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Almería. Un hombre de la dictadura. Un hombre que, ya que en España no se ajustó las cuentas a nadie con la ley en la mano en aras de una supuesta concordia y con grandes dosis de amnesia colectiva, debía de quedarse en un muy discreto segundo plano y dando gracias. Pero el Partido Popular acudió al rescate, con la oposición del PSOE primero y con su aceptación después: Roberto García-Calvo, el hombre que sirvió fielmente en la organización sindical y en el Ministerio de Educación a un régimen inspirado en el fascismo de los años 30, se convirtió en el 2001 en miembro de pleno derecho del Tribunal Constitucional de una democracia. Una paradoja sin comparación por el mundo civilizado adelante.

Esta insólita anomalía remató ayer: la muerte lo sorprendió sin previo aviso. Se reunió así en el más allá con las docenas de miles de fusilados por el franquismo.

 

Anuncios

Contra la crisis, divorcios

Crisis económica a la vista. O ralentización, como dice el Gobierno español. El caso es que este año la construcción se está frenando con fuerza: ya no se levantarán en España tantas viviendas cada doce meses como en toda Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. Eso implica pérdida de puestos de trabajo y, aunque parezca más o menos increíble, ello va a incrementar el número de divorcios, según los sociólogos. Además, desde que entró en vigor el llamado “divorcio express” (septiembre del 2006), las trabas burocráticas casi han desaparecido, y eso anima a dar el paso de la ruptura. Incluso hay alguna web de abogados matrimonialistas que ofrece un divorcio express en tres meses y sólo por 400 euros, y alguna otra más por otros 50 euros (una separación sin acuerdo y con hijos significa en torno a los 1.500-2.000 euros por cada cónyuge). La Iglesia católica, por cierto, entiende que con tantas facilidades se incita a dinamitar la familia tradicional, que, según ella, está en crisis.

Cosa baladí o cómo cambian los tiempos

Nueva pregunta lingüística desde los países nórdicos. Lo curioso es que alguien se preocupe por el significado de baladí, pero eso muestra el interés que el español despierta en el norte de Europa en particular y en el mundo civilizado en general.

La expresión antigua es “cosa baladi”. Es decir, la que no se apreciaba porque era producto directo de la tierra, no estaba manufacturada, no tenía valor añadido. De una revista saco una frase de Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata en América allá por el siglo XVI: “Enriquecidos con aquellas presas baladíes de que hacían tanta estimación”. ¿Su origen? En el árabe, claro, como bien advierte la fonética. Balad es tierra o provincia (y por eso durante siglos baladí fue, también, provinciano), y baladí era en ese idioma “del propio país”. El último diccionario de la Real Academia Española propone una segunda acepción, “De poca importancia”.

¡Cómo cambian las cosas! Hoy lo que da la tierra tiene una alta cotización: la agricultura ecológica es más cara que la contaminante.

La discriminación de sexos es legal en España

El Tribunal Constitucional ha dictaminado ayer, de manera inapelable, que la discriminación de sexos es legal en España. La teoría de las dos Españas, que provoca la decisión de Fernando VII de anular la Constitución de Cádiz cuando el monarca vuelve del exilio a principios del siglo XIX, se ratifica a comienzos del XXI. No es una buena noticia para los demócratas. Es decir, para quienes creen en el concepto de ciudadanía emanado de la Revolución Francesa. Tras décadas y décadas de aplicar la igualdad jurídica (igualdad de derechos y deberes a los ciudadanos con independencia de sexo, raza, religión y creencias políticas, con identidad de penas a los transgresores), el Tribunal Constitucional ratificó la desigualdad de penas según el sexo.

Cierto es que dicha Corte sólo ratifica o enmienda el ajuste constitucional de una ley y que, por tanto, una parte de la responsabilidad es del legislador que la ha hecho así y no de otra manera. Pero ello no quita que haya sido un torpedo a la línea de flotación a los valores democráticos en un país muy necesitado de afianzarlos. La discriminación que recibe luz verde es la que se refiere a los maltratadores: si es hombre, la pena será increíblemente mayor que si es mujer, sin entrar en ninguna otra consideración. Por poner un ejemplo, si un hombre amenaza o coacciona (sin contacto físico) a su pareja o ex pareja afectiva, cometerá un delito que se castigará con de seis meses a un año de cárcel o trabajos sociales sustitutivos. Si eso mismo lo hace una mujer, será una falta, y la pena es, comparativamente, ridícula.

Dejando aparte que en los juzgados sufren ya avalancha de denuncias de falsos malos tratos (España es uno de los países de su entorno donde se registran menos malos tratos a las mujeres, por debajo de Dinamarca y, por supuesto, de Finlandia), se espera que el número se incremente sustancialmente a partir de ahora. Además, el hecho de que los cinco magistrados (de ideología conservadora) hayan anunciado votos particulares discrepantes sean todos jueces de carrera pone sobre la mesa el que la decisión del Tribunal Constitucional tenga un trasfondo político mayor que en otros casos.

Mientras la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se mostró muy satisfecha porque entiende que así se protege a las mujeres, comienza a extenderse el temor de que en el futuro pueda haber leyes discriminatorias en función de otros conceptos. Como decía un conocido abogado que pidió anonimato, “¿quién nos asegura que mañana el delito recibe distinta consideración si lo comete un inmigrante o un español? ¿O un blanco o un negro?”.

La democracia española ha dado un paso atrás.

(Conflictivos) chistes de gallegos

En América Latina, a los españoles residentes en los países que la conforman y a sus descendientes les llaman gallegos. En general, a todos, sean extremeños o de Valencia. Y en algunos de esos países el gallego es el polaco para el sueco, o el belga para el holandés. O el de Lepe para los españoles. O sea, el tonto, el cortito, el bobalicón, el que es objeto de moderadas burlas. La diferencia es que al gallego de Galicia le parece mal y el resto se lo toma con cierta filosofía cuando no con gran humor (como los de Lepe). Y, así, un nieto de gallego ha denunciado al editor de un libro de chistes de gallegos publicado en Argentina. Incluso organizó, junto con otras 60 personas, una manifestación ante la editorial, distribuyendo panfletos.

Lo mejor es leer y juzgar. Estos son algunos de los chistes:

• En Galicia se retiraron los anuncios de Marlboro porque los gallegos empezaron a comprar caballos.
• El gallego Muleiro era tan pero tan tonto que no comproba mesilla de noche porque no tenía donde ponerla de día.
• ¿Qué hay detrás de un gallego inteligente? Una hábil ventrílocua.
• ¿Cómo se reconoce un equipo de fútbol gallego? Es el único capaz de fallar goles en la repetición.
• ¿Por qué los gallegos tienen más estómago que cabeza? Porque es más fácil alimentarlos que educarlos.

Se espera airada intervención del Bloque Nacionalista Gallego.

Que siga la chapuza

Resulta difícil escribir citando a un partido político y, al mismo tiempo, convencer al lector de que lea lo que lea no indica que el autor se muestre a favor o en contra de ese partido, sino que se trata de una crítica o una alabanza concreta.

Dicho lo anterior, el Gobierno autonómico de Galicia (socialistas y nacionalistas) ha aprobado las llamadas Normas do Hábitat. Es decir, una regulación de las calidades de la construcción, de tal manera que desde su entrada en vigor, el pasado 17 de abril, los estándares mínimos de calidad son más altos y exigentes que lo que había hasta entonces. En otras palabras, las viviendas van a ser mejores, con mayor ahorro energético, menos humedades y más acogedoras porque muchas de ellas tampoco pueden ser tan bajas como hasta ahora.

Los constructores se han indignado, con el argumento, en el fondo, de que ellos construyen como quieren y de que la aplicación de las Normas do Hábitat va a encarecer la vivienda, algo que parece cierto y lógico si bien nada indica que vaya a haber un salto descomunal en el precio. Y el Partido Popular (conservador) viene pidiendo -la última vez, el pasado domingo- la derogación de esas normas. O sea, que continúe la especulación y la muy baja calidad imperante en los hogares de Galicia actualmente. La chapuza, en suma.

Resulta difícil de entender que un partido serio se oponga a que mejore la vida diaria de los ciudadanos. Incluso en países donde la casa no es tan importante como el coche.

La educación no es igual para todos los españoles

Los países fuertemente centralizados, como Francia, tienen sus problemas. Los no centralizados, como España, también. El que un sistema sea mejor que otro no depende de dónde se tomen las decisiones, sino de su eficacia, de planificar de manera aceptable o no la vida diaria de los ciudadanos y sus necesidades.

En España existe un Estado de Autonomías. Es decir, nacionalidades y regiones se autogobiernan hasta un límite que roza el federalismo, pero sin traspasar la línea. La mayoría de las competencias que afectan a esa vida diaria se encuentran transferidas, y no dependen para nada de Madrid y su Gobierno. Por ejemplo, la educación.

Cada comunidad organiza su sistema de enseñanza dentro de un organigrama general que existe para todo el Estado. Pero al hablar de dineros, cada una hace sus presupuestos. Por ejemplo, en el País Vasco (número uno) el gasto medio anual por alumno de enseñanza no universitaria escolarizado en centros públicos asciende a 8.858 euros. En Galicia (número seis de la lista), a 5.947. Abajo de todo, Andalucía (4.211) y Murcia (4.320), que son las comunidades que menos invierten en educación. La media española se sitúa en 5.299.

En otras palabras, los chavales vascos tienen muchos más medios que los murcianos en este capítulo. La deducción es obvia, porque la desigualdad en la educación se transforma en más desigualdad laboral y social en la etapa adulta.