El PP dispara contra Touriño con balas cargadas de hipocresía

El PP de Galicia no descansa. Ayer volvió a atacar con dureza al presidente (socialista) Emilio Pérez Touriño por los, según aquel, desaforados gastos en el coche oficial (480.000 euros) y arreglos del despacho (casi dos millones de euros). Su número uno, Alberto Núñez Feijoo, se mostró convencido de que «Galicia entera tiene derecho a saber dónde se emplea el dinero público de todos los gallegos». Añadió que la mayoría de los concellos disponen de un presupuesto inferior al millón de euros, «la mitad de lo que la Xunta se gastó en las dependencias de Touriño», argumentó. «Tenemos derecho a saber si dos millones y pico de euros que se emplean en las dependencias de Presidencia de la Xunta son un gasto razonable o no, y tenemos derecho a saber si un gasto de medio millón en un coche fantástico para el presidente de la Xunta es razonable o no», concluyó.

Hasta aquí resulta difícil encontrar a alguien que levante la mano y niegue y se oponga a lo dicho por Alberto Núñez Feijoo. El problema radica en que el líder de los populares fue, durante parte del gobierno conservador encabezado por Manuel Fraga, conselleiro y vicepresidente. Y el PP, en aquellos años de poder omnímodo y absoluto, se caracterizó por la opacidad absoluta del gasto, por el despilfarro ante una oposición paralizada (encabezada por Pérez Touriño) y por haber hecho de las cuentas públicas un coto privado. Más, mucho más que lo gastado ahora por el mandatario socialista, gastó el Partido Popular. Así que este ya tiró, con buen tino, la piedra sin esconder la mano. Pero ahora que se calle, porque resulta dudoso que el zorro sea el mejor guardián de las gallinas.

PD/ ¿Se ha quedado sin asesores Touriño? ¿No hay ninguno con sentido común que le diga que cierre la boca y que no suelte las banalidades vacuas de ayer que demuestran una vulgaridad y falta de liderazgo insólitos en una persona como él, que a este paso acabará hablando de una conspiración? Porque si es eso todo lo que tiene que decir, apaga y vámonos.

 

La depuradora de Ribeira: tire de la cisterna, que total va directamente al mar (así se dilapidaron los dineros de Europa)

Santa Uxía de Ribeira es un ayuntamiento gallego grande y muy poblado. Configura la punta norte de la ría de Arousa, considerada la más rica de Europa. Y ahora resulta que el alcalde de la localidad, del Partido Popular, y el conselleiro (ministro autonómico) de Medio Ambiente, socialista, andan a la greña para ver dónde, cuándo y cómo se instala una depuradora. Y es que en varias parroquias (entidades territoriales menores) cuando usted tira de la cisterna, todo -o sea, todo- llega directamente a esa ría, famosa por sus playas y lugar de veraneo de miles de personas. Y cuando pone el lavavajillas, tres cuartos de lo mismo.

Haciendo abstración del caso concreto porque al final la sangre no llegará al río y Ayuntamiento y Xunta se pondrán de acuerdo por las buenas o por las malas, el caso es un índice de cómo se dilapidaron, cuando no malgastaron, las enormes transferencias de capital que envió y envía Europa. Porque lo fundamental desde 1986 no fue la calidad de vida de los ciudadanos (ahí están las enormes listas de espera para confirmarlo: la cita para un especialista tarda a veces más de un año), sino las infraestructuras, porque, decían los conservadores en el poder y aplaudían los socialistas en la oposición, las infraestructuras son «neutras». O sea, no tienen color político y todo el mundo está de acuerdo en abrirle una autovía hasta su aldea, hasta el punto de que Galicia tiene una red vial muy superior a, por ejemplo, Suecia. Y es que hasta Ribeira llega una autovía (a punto de ser acabada), pero cuando usted va a la playa, puede gozar de la oportunidad de bañarse al lado de un zurrute (con perdón) que antes ha enviado su vecino al Atlántico.

Y así están las cosas. Lo demás, engañifas para despistados que no saben en qué país viven.

Touriño, su despacho, su coche y la campaña en su contra del PP

El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, ha manifestado a través de su hombre de confianza Gumersindo Guinarte que las denuncias del PP de que su coche oficial había costado 480.000 euros y que la remodelación de su despacho alcanzó los casi dos millones se deben a una campaña para «crear una especial situación de alarma». En el fondo, Pérez Touriño no hace más que aplicar aquello de «no hay una mejor defensa que un buen ataque». Dijo Guinarte, en rueda de prensa, que «tampoco tiene precedentes en nuestra comunidad» que un partido denuncie el despilfarro de quien está en el poder. Añadió que durante la presidencia del conservador Manuel Fraga, en el 2004 los gastos de protocolo fueron 790.000 euros anuales frente a los 700.000 de ahora, y remató diciendo que de los 33 Audi con que cuenta la Xunta, 30 proceden de los 15 años de Fraga y sólo 3 de los 3 años de gobierno socialista-nacionalista.

Lo que ni Pérez Touriño y Gumersindo Guinarte parecen haber entendido es que hace tres años los gallegos cambiaron el color de su gobierno autonómico no sólo para desarrollar políticas nuevas, diferentes y frescas, sino también para desarrollarlas con otras formas y modales. Y que desviar la atención de esa manera en nada les ayuda a clarificar la situación y a recuperar simpatías y votantes que, sin duda, han perdido con estos dos episodios del coche oficial y del despacho.

Porque sólo faltaría que la Xunta actual hubiera comprado más Audi que en la época de Manuel Fraga: llegaron y ya había 30 coches rodando. Alabanzas para la reducción del gasto de protocolo. Pero del fondo de la cuestión nadie dice nada. Gastar 1,6 millones de euros en cambiar el despacho presidencial de piso mientras se arreglaba la instalación eléctrica parecen muchos euros: son casi 270 millones de pesetas, y con eso se construye un edificio entero. Guinarte se limitó a enseñar los planos, con lo cual le dio más munición a un PP que durante su paso por la Xunta hizo del gobierno autonómico una finca privada, mientras la oposición, encabezada por Pérez Touriño, era incapaz (o no quería) de denunciar ni uno solo de los despilfarros.

Pero ¿costó o no su coche oficial 480.000 euros de los que el ciudadano de a pie -el taxista, el médico, el del contrato provisional de un mes- paga de sus impuestos en un coche oficial con una nevera que, dicen (nadie confirma ni niega nada en este país oscurantista), llegó a los 6.000 euros? ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo es posible que el presidente Touriño diga en una emisora de radio que él no se encarga de esas cosas, pasando de puntillas como si él fuese un convidado de piedra y no el máximo responsable de Galicia?

Al final, resultará que la culpa es del PP por haber hecho oposición. Al tiempo.

PD/ La Voz de Galicia incluye hoy un artículo de opinión sobre el tema, titulado Si lo hacen, cuéntenselo a los que pagan.

El precio del despacho del presidente de Galicia, el socialista Pérez Touriño, es secreto «por motivos de seguridad»

«Motivos de seguridad». Eso es lo que argumentó el presidente (socialista) del Gobierno autonómico de Galicia, Emilio Pérez Touriño, para ni negar ni asentir ante la afirmación de la oposición de que su nuevo coche oficial había costado 480.000 euros (casi 80 millones de pesetas). Pero, según se desveló ahora, exactamente el mismo argumento («motivos de seguridad») había sacado a colación Pérez Touriño para no enviar al Parlamento información requirida por el Partido Popular sobre las obras de remodelación en su despacho oficial.

En efecto, en octubre del 2006, la Presidencia respondió a sendas preguntas del actual portavoz popular, Manuel Ruiz Rivas, diciendo que las reformas que habían tenido como finalidad ganar 143 metros útiles al antiguo despacho del presidente Manuel Fraga habían implicado la compra de, entre otro mobiliario, una mesa de despacho, dos sofás, librerías, butacas, dos alfombras, dos sillas giratorias, una mesa de centro con otras auxiliares «a juego». ¿Cuánto le costó eso al erario público? En una demostración de que la transparencia no es lo suyo -en contra de lo prometido antes y durante la campaña electoral del 2005-, Pérez Touriño declaró que todas las obras estaban «sometidas a especiais medidas de seguridade», lo que le permitió negociar el contrato con una única empresa «seleccionada en base (sic) a su solvencia técnica».

Volviendo a insistir, ayer el número dos del PP gallego, Alfonso Rueda, no tuvo empacho en decir -con enormes dosis de hipocresía, puesto que durante los 15 años de gobierno conservador el despilfarro fue moneda corriente- que esos arreglos costaron casi dos millones de euros, unos 320 millones de pesetas, a lo que desde la Xunta se respondió que «la reforma se acometió… debido a un fallo en el sistema de distribución eléctrica y afectó a tres plantas del edificio«, no sólo al lugar de trabajo del presidente.

Pero, ¿cuánto costó? Ni una palabra. Motivos de seguridad. Y es que saber el coste de una mesa de centro con otras auxiliares «a juego» puede ser un arma de destrucción masiva. ¡Por lo menos!

 

 

 

 

 

 

¡Secreto! ¡Esto es España!

España, Luxemburgo, Chipre y Grecia. No parece un buen equipo, sobre todo si se trata del oscurantismo de sus respectivas administraciones. Porque esos cuatro países son los únicos de los 27 de la UE que no tienen regulado el acceso de los ciudadanos a los archivos en teoría públicos. O sea, los que no se refieren a la intimidad de las personas o a los considerados secretos de Estado, sino a aspectos de la vida cotidiana. Así, los investigadores dependen en ocasiones de conocidos y/o de la buena disposición (y carácter) del funcionario de turno. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido elaborar cuanto antes una ley muy necesaria en un país en el cual la corrupción ha pasado a convertirse en un ingrediente más de la cotidianeidad.

Unas reflexiones para los jueces (que dicen que tienen sobrecarga de trabajo)

Es éste el contexto en el que se explican tantos incumplimientos intolerables de deberes profesionales elementales y actitudes despóticas y prepotentes para con los demandantes de justicia y los acusados, en particular tratándose de gente de a pie, en contraste con la obsequiosidad frente a los titulares del poder. Esas actitudes han sido una fuente inagotable de descrédito de la jurisdicción, cuya permanencia ha contado con el silencio cómplice de los propios jueces y, muchas veces, también de las corporaciones de abogados.

Así, pues, no hay legitimidad de naturaleza ‹‹sacramental›› y por el sólo acto formal de la investidura. El juez debe relegitimarse (o, de lo contrario, se deslegitimará) en cada uno de los actos propios de su oficio.

La independencia judicial no es un privilegio de grupo o de casta sino una garantía del ciudadano.

Lo anterior no son palabras mías, sino que se trata de afirmaciones hechas en el 2001 por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo (yo creo que hoy jubilado).

PD/ Le agradezco su colaboración a una de las personas de ese mundo que me las ha enviado. Aún queda en quien confiar…

Jueces y secretarios de juzgado españoles quieren estar por encima del bien y del mal

Esos españoles con sueldos notoriamente muy por encima de la media que son los jueces quieren estar por encima del bien y del mal. No hay quien les tosa, y me vale más que ninguno se ofenda si lee estas líneas. Y, así, la sanción de dos años a una secretaria de juzgado porque un pederasta con condena firme que andaba suelto a la luz pública ya que a nadie se le ocurrió ordenar su ingreso en prisión acabó en un paro general de la profesión, ofendida, en toda España. Tres horas de brazos cruzados. Total, el error sólo le costó la vida a una niña (Mary Luz Córtés, asesinada en Huelva), y como es gitana y no la hija de un presidente de la Diputación, tampoco es para dejar sin sueldo 24 meses a la que parece responsable del desaguisado. ¿Qué argumentan los funcionarios que, por supuesto, no perdonan el largo café matinal y hacen gala de puntualidad marroquí? Que tienen -¡oh, pobres ellos!- exceso de trabajo.

Pero ya el colmo es que el presidente (siempre en funciones, porque no es titular y ya ha dicho que quiere jubilarse así) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Antonio González Nieto, se descuelgue hoy con unas manifestaciones en las que habla de «cabeza de turco», en referencia a la funcionaria suspendida, y diga que no ha habido paro de jueces sino «reuniones para hacer una valoración sobre la situación de la Justicia». No seré yo quien diga que esas manifestaciones -amparadas por el artículo 20 de la Constitución, al igual que las mías- son un cachondeo, porque entonces me vería encausado, pero en mi casa me río y me indigno de lo que quiero.

Por cierto, es de suponer, y no seré yo quien lo dude, que el ciudadano González Nieto, que cobra de mis impuestos y tan preocupado está en valorar la situación de la Justicia, tendrá su propio trabajo al día. Por aquello de que el líder tiene que dar ejemplo. ¿O no?

PD/ Aunque parezca imposible, no es el cien por cien de jueces y funcionarios judiciales los que están incluidos en ese lote. Los hay que trabajan con todo interés y profesionalidad. Ya sé que costará creerlo, pero es así.

El coche oficial del presidente Touriño, en el Parlamento (lección de demagogia del PP)

El asunto de la compra de un Audi 8 por un supuesto importe de 480.000 euros, destinado a trasladar al presidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, llegó al Parlamento. El Partido Popular machacó una y otra vez con el tema, calificando de «exceso» el gasto. Vaya por delante que tales intervenciones constituían una excelente lección de demagogia, porque si alguien cometió excesos -y a la vista están- durante sus 15 años de Gobierno, esos fueron los populares.

Pero dicho eso, el PSOE está consiguiendo desviar la atención. Y lo hizo por medio de uno de sus diputados, Francisco Cerviño, quien explotó diciendo que gracias al blindaje el aún líder de la oposición José María Aznar logró salvar su vida en un atentado con explosivos con la firma de ETA. O sea, que situaba el debate en blindaje sí, blindaje no.

Sigue sin ser esa cuestión relevante en primer término. La cuestión no es otra -por mucho que los socialistas intenten que miremos a otro lado- si el coche costó esos casi 80 millones de pesetas o no. Si lleva una nevera («Minitaberna», ya llamó irónicamente un diputado del PP) que costó 6.000 euros o no. Si, en fin, es cierto o no -que parece ser que sí- que la partida presupuestaria que la Xunta que preside Touriño asignó en dos ejercicios presupuestarios para la Ciudad de la Justicia, de Vigo, es inferior al supuesto coste del Audi 8.

Pero la cosa no acaba ahí. El PP argumentó ayer que los dos coches oficiales de que disponía el presidente tenían un total de 140.000 y 190.000, no 500.000, como dijo la Secretaría Xeral de Comunicación en un intento de echar tierra al asunto. ¿Verdad o nueva demagogia? Resulta fácil desenmascar al PP. Simplemente hay que darle lo que pide: mostrar los libros de mantenimiento de los vehículos.

Lo que está en juego -y ni Emilio Pérez Touriño ni el resto de sus compañeros de partido socialista parecen entenderlo- es la transparencia prometida al llegar al poder. Y eso, siempre, aquí y en el otro lado del mundo, se paga en votos.

Una inaceptable tomadura de pelo de la Xunta (y seguimos sin saber cuánto costó el coche del presidente Touriño)

Ante el clamor que empieza a ser popular, la Xunta salió al paso de las acusaciones sin duda farisaicas del PP de que el presidente Emilio Pérez Touriño se había comprado un coche oficial de 480.000 euros. Y, en vez de zanjar el asunto diciendo si esa cifra corresponde a la realidad o no, y cómo se justifica el gasto (¡porque la Xunta tiene que justificar el gasto puesto que son dineros de todos!), sale por Úbeda en un auténtico insulto a la inteligencia de los ciudadanos de Galicia, a los que gobierna.

En efecto, la Xunta argumenta que el coche al que sustituye el nuevo Audi 8 era otro Audi 8 (algo que nadie niega) que ya tenía medio millón de kilómetros (vamos a conceder que sea verdad, si bien a estar alturas de la película ya nadie se fía de nadie). Luego se explaya en informar de lo obvio y sabido: que el parque móvil de ese gobierno autonómico dispone de 355 vehículos (¡la querencia del español por el coche oficial!) y 80 conductores, y se cuelga una medalla simplemente por haber cumplido con su deber, que para eso está ahí quien está: que una buena gestión ha permitido ahorrar en combustible y en sustitución de nuemáticos, así como en seguros. Pues si eso es cierto, enhorabuena, pero nada de ello está en cuestión. «Era de noche pero llovía», comenzaba la narración, como si llover y ser de noche fueran incompatibles.

Aquí, de lo que se trata, es de saber si el PP (que dilapidó a diestro y siniestro dinero público durante tres lustros y ahora se hace el ofendido y defensor del pueblo) tiene razón o no: si el Audi 8 costó 480.000 euros o no. Y, desde luego, hay que entrar ya en el debate de si el presidente de una autonomía pequeña y marginal en el mapa europeo necesita un coche de ese valor o no. Porque, si fuera con su dinero, que haga lo que le venga en gana. Pero si es con el mío, que vaya en taxi. Para seguir con los mismos tics de señor todopoderoso que tenía el conservador Manuel Fraga, ¿por qué Galicia lo ha cambiado por un socialista que se apoltrona en un coche de casi 80 millones de pesetas?

¿Costó el coche del presidente Touriño 480.000 euros (80 millones de pesetas)?

El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, se desplaza desde diciembre del año pasado en un coche oficial nuevo. Hasta aquí nada que alegar, porque es de suponer que el anterior estaría para el desguace. El que sea un Audi 8 también hay que dejarlo sin comentario en un país como España, donde todo político que se precie se cree que, desde luego, tiene derecho a coche oficial, y cuanto más grande, más poder porque burro grande ande o no ande. Ni siquiera hay que escandalizarse porque la oposición conservadora del Partido Popular ponga el grito en el cielo. Es su papel decir que el mundo se va a acabar si esto sigue así, obviando que hasta hace tres años y durante otros tantos lustros ella hizo y deshizo a su antojo. Y el PP ahora ha tenido al idea de difundir un comunicado en el que, entre otras cosas, dice que el presidente «habla de austeridad mientras viaja en un coche de 480.000 euros pagado con dinero de todos». No acaba ahí la cosa, sino que la oposición argumenta que se trata de un «capricho del presidente» que agrede «la salud de las arcas públicas».

Uno espera que el oscurantismo en el gasto de los lustros anteriores haya terminado para siempre, y por eso confía en una rápida respuesta, con desmentido incluido, de Emilio Pérez Touriño. Porque el PP acierta en una cosa: hablamos de dinero de todos. ¿Y qué sucede? Que desde la Presidencia de la Xunta declinaron ayer ofrecer dato alguno ya que «el coste exacto no se dice nunca por motivos de seguridad». ¿Seguridad de qué? ¿Qué es lo que peligra si la ciudadanía conoce cuándo ha costado ese coche? ¿Los votos socialistas? Y para rematarla, también desde Presidencia se advierte que el ciudadano Pérez Touriño disfruta de curiosas prerrogativas de las que carecemos el resto de los mortales: «A veces tiene que circular a velocidad más elevada de lo normal». ¿Por qué? ¿Cuándo es «a veces»? ¿Es que hay un golpe de Estado en marcha? ¿Se encuentra enfermo y necesita un hospital? ¿Ha pasado alguna desgracia que implique su presencia urgente? ¿O las normas de tráfico no rigen para la clase política?

En resumen, incluyendo calidad, fiabilidad, blindaje e inhibidores de frecuencia, ¿de verdad que no hay coches más baratos que 480.000 euros, que vienen siendo casi 80 millones de las antiguas pesetas? ¿De verdad que no tiene razón el PP, aunque algunos creamos que cuando llegue al poder va a hacer exactamente lo mismo?